La tensión electoral en Mendoza sigue escalando de cara al domingo 24 de septiembre cuando se elija al sucesor del gobernador Rodolfo Suárez. El frente La Unión Mendocina, que impulsa la candidatura del diputado del PRO Omar De Marchi presentó una denuncia penal por supuesta “manipulación de la justicia” y cooptación de distintos organismos de control provinciales.
El bloque opositor a Cambia Mendoza elevó una nota a la Fiscalía de Instrucción 39 en contra del senador nacional y candidato a gobernador Alfredo Cornejo; así como también los miembros del Consejo de la Magistratura de la provincia María José Hernández, Andrea Maturana, Marcelo D’ Agostino; y el Director de la Dirección de Personas Jurídicas Sebastián Soneira. En el documento se los acusa por el delito de tráfico de influencias pasivo y agravado.
Las acusaciones vienen de hace un mes, cuando fue publicada una solicitada en los principales medios periodísticos de la provincia. Pero ahora el tema llegó a los tribunales, y a la vez se difundieron una serie de audios de conversaciones y chats en los que los denunciados “acomodan a los aspirantes a magistrados y manipulan puntajes de acuerdo a favores e influencias”.
La grave denuncia tuvo un amplio despliegue en medios nacionales al punto que el diario Clarín difundió algunos de los audios que revelarían conversaciones entre integrantes del Colegio de Abogados y miembros del Consejo de la Magistratura. De acuerdo a la presentación que realizó La Unión Mendocina “es el cuerpo judicial el que selecciona jueces y fiscales, y queda al descubierto la manipulación de la que es objeto por parte del poder político enquistado en Mendoza hace ocho años”. Solicitan al gobernador Rodolfo Suárez destituir al subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, y al director de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira.
El bloque que tiene como referente al diputado De Marchi también pide al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, que le exija a Teresa Day, Presidenta del Consejo de la Magistratura, “que en el término de 48 horas informe qué medidas ha adoptado ante los gravísimos hechos denunciados”.
El texto enumera supuestos hechos y pruebas, y afirma que “para ejecutar estos delitos de máxima gravedad Institucional, el doctor Sebastián Soneira se presenta como un operador judicial que responde al Subsecretario de Justicia, Marcelo D ́Agostino, quien no estaría al tanto de esta situación”.
